El 1 de enero entró en vigor el “gasolinazo” en México. Este aumento de los precios del combustible en el país ha creado una atmósfera de tensión que se prolonga 10 días desde su entrada en vigor. Los disturbios ocasionados por él han causado la detención de más de 1500 personas y, además, han provocado la muerte de, al menos, 8 personas.
Chihuahua, Morelos y Estado de México son los tres estados en los que más disturbios sociales han transcurridos estos días. En ellos, las organizaciones mexicanas El Barzón, Agrodinámica Nacional y la Unión Democrática Campesina iniciaron movilizaciones frente a las instituciones oficiales para protestar por esta medida tomada por el gobierno de Peña Nieto. Por su parte, cientos de miembros de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) y Nuevo Grupo Sindical (NGS) manifestaron su descontento bloqueando autopistas del país. Además, Estados Unidos se ha visto afectado por las protestas, puesto que el punto fronterizo de El Chaparral, en Tijuana, ha sido tomado por manifestantes, obligando a las autoridades a impedir el paso entre los países.
La bajada de los precios del combustible fue uno de los pilares fundamentales de la campaña que Enrique Peña Nieto llevó a cabo en 2012, en su carrera hacia la presidencia mexicana.
En el año 2013, el gobierno mexicano aprobó la Reforma Energética, por la cual se puso fin al monopolio de Pemex, empresa petrolera estatal que se encargaba de todo lo relacionado con la gasolina. Siendo México el segundo productor de petróleo de América Latina, el país se veía obligado a importar hasta un 60% de este combustible, al encontrarse en mal estado las refinerías de la empresa estatal.
La necesidad de renovar las instalaciones, y la escasa autosuficiencia que poseía el país para cargar con los costes de la mejora, fue la verdadera causa de la definitiva liberación del mercado de hidrocarburos. La apertura al libre mercado de los hidrocarburos y la electricidad generó la expectativa de una bajada de los precios de los combustibles. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados, y el gobierno ha lanzado una nueva reforma que ha traído consigo la tensión que alberga hoy México: la gasolina consumida por los mexicanos ha incrementado su precio un 48% desde entonces.
El gobierno ha dejado de fijar un precio único, y las estaciones de servicio no son de Pemex, sino que varias marcas han alentado la competencia. Esto ha supuesto la inflación de los precios de productos y servicios relacionados con los hidrocarburos, y, por ende, un aumento de costo de vida de los mexicanos.
Desde el 1 de enero, la gasolina mexicana cuenta con hasta 90 precios distintos, dependiendo de la situación de la región en la que se implanten los surtidores. El nuevo esquema de precios será aplicado de forma gradual en 5 etapas, de manera que a final de 2017 los precios se encuentren liberados, sin necesidad de nuevos dictámenes gubernamentales.
Ante esta situación, México podría verse sumido una grave crisis económica y social. Por una parte, la escena social marcada por la consecución de disturbios y el aumento de tensión pueden provocar que el gobierno se vea obligado a renegociar las condiciones de las reformas, invitando incluso al Banco Mexicano a aplicar políticas coercitivas que detengan la inflación. Sin embargo, esta medida sería negativa para la economía del país, puesto que la coerción podría detener la inversión extranjera, al aumentar las tasas de interés.
On 1st January came the increase of the gasoline prizes in Mexico. This increase in fuel prices in the country has created an atmosphere of tension that lasted 10 days since its entry into force. The unrest caused by him has provoked the arrest of more than 1500 people and, in addition, it has caused the death of at least 8 people.
Chihuahua, Morelos and the State of Mexico are the three states in which more social unrest has taken place these days. In them, the Mexican organizations El Barzón, Agrodynamics Nacional and the Unión Democrática Campesina initiated mobilizations before the official institutions to protest by this measure taken by the government of Peña Nieto. Hundreds of members of the Confederation of Mexican Workers (CTM) and New Union Group (NGS) expressed their discontent and they blocked motorways in the country. In addition, the United States has been affected by the protests, since the border point of El Chaparral, in Tijuana, has been taken by demonstrators, forcing the authorities to prevent the passage between the countries. The drop in fuel prices was one of the fundamental pillars of the campaign that Enrique Peña Nieto carried out in 2012, in his race for the Mexican presidency.
In 2013, the Mexican government approved the Energy Reform, which ended the monopoly of Pemex, a state-owned oil company that handled everything related to gasoline. Mexico is the second largest producer of oil in Latin America. However, the country has been forced to import up to 60% of this fuel, because of the refineries of the state-owned company are in a bad state.
The need to renovate the facilities, and the country’s lack of self-sufficiency to bear the costs of improvement, was the true cause of the definitive liberation of the hydrocarbons market. The opening to the free market of hydrocarbons and electricity generated the expectation of a drop in fuel prices. However, the results have not been as expected, and the government has launched a new reform that has brought with it the tension Mexico is harbouring today: gasoline consumed by Mexicans has increased its price by 48% since then.
The government has stopped to fix a single price, and the service stations are not from Pemex, but several brands have encouraged competition. This has led to inflation of prices of products and services related to hydrocarbons, and, therefore, an increase in the cost of living of Mexicans.
Since 1stJanuary, Mexican gasoline has up to 90 different prices, depending on the situation in the region where the suppliers are established. The new price scheme will be applied gradually in 5 stages, so that prices will be released at the end of 2017, without the need for new government decisions.
Faced with this situation, Mexico could be plunged into a serious economic and social crisis. On the one hand, the social scene marked by riots and increased tension may cause the government to be forced to renegotiate the conditions of the reforms, even inviting the Mexican Bank to apply coercive policies that will stop inflation. However, this measure would be negative for the country’s economy, since coercion could stop foreign investment by raising interest rates.
PATRICIA JURADO DE LA SANTA
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