El Tiago Fernandes de Barros, juez de la 36ª Vara Criminal del Distrito Capital de Río de Janeiro, dictó el martes 21 de octubre de 2025 la absolución de los siete imputados en el caso del incendio del 8 de febrero de 2019 en el centro de entrenamiento del Clube de Regatas do Flamengo. La decisión, basada en la falta de pruebas suficientes para individualizar una culpa penal, reaviva el debate sobre la seguridad en instalaciones deportivas juveniles y deja a las familias de las diez víctimas adolescentes con la sensación de que la justicia quedó incompleta.
Contexto del incendio y la investigación
El trágico suceso ocurrió en la madrugada del 8 de febrero de 2019 en la zona occidental de Río, en el distrito de Vargem Grande, donde el club había acondicionado contenedores marítimos como dormitorio para su categoría sub‑17. Un corto circuito en una unidad de aire acondicionado operativa 24 horas provocó que el fuego se propagara rápidamente entre los materiales inflamables del contenedor, cobrándose la vida de diez adolescentes de entre 14 y 16 años y dejando tres heridos graves. En aquel momento el centro no contaba con licencia de funcionamiento, según datos del Ayuntamiento de Río.
La Policía Civil inició una investigación que constató la falla eléctrica como causa directa, pero la cadena de responsabilidad quedó difusa: mantenimiento deficiente, supervisión insuficiente y falta de normativa clara. A lo largo de los años, la Fiscalía de Río de Janeiro – representada por Carlos Eduardo Lima, portavoz del Ministerio Público de Río de Janeiro – presentó cargos de homicidio culposo y lesiones graves contra siete personas.
Detalles del veredicto judicial
El magistrado Tiago Fernandes de Barros emitió una resolución de 27 páginas en la que describió la acusación como “genérica y contradictoria”. Según su análisis, la cadena causal era "difusa, involucrando múltiples factores técnicos y estructurales", lo que impide atribuir a un individuo una culpa penal clara. El juez también señaló que la evidencia sobre la supuesta reparación de un técnico de refrigeración dos días antes del incendio no coincidía con el equipo que efectivamente prendió fuego.
Entre los acusados estaban dos directivos del Flamengo, representantes de empresas contratistas, el monitor del dormitorio y, previamente, el expresidente del club Eduardo Bandeira de Mello, quien había sido excluido de la causa por prescripción al cumplir 71 años. El tribunal consideró que la mera "conciencia de la irregularidad administrativa" sin autoridad para decidir sobre el cierre de la instalación no constituye una infracción penal.
Reacciones de familiares y la sociedad
Al conocerse la absolución, los familiares de las víctimas se congregaron frente al juzgado, expresando indignación y desconcierto. «No podemos aceptar que se borre la responsabilidad después de lo que perdimos», declaró un padre que prefirió mantenerse anónimo. El Ministerio Público de Río de Janeiro anunció de inmediato su intención de apelar la sentencia dentro del plazo legal de diez días hábiles. «Lucharemos por la justicia de los diez jóvenes que murieron en una tragedia que podíamos haber evitado», reiteró Carlos Eduardo Lima.
El caso ha reavivado la discusión nacional sobre la normativa de seguridad en clubes deportivos y la responsabilidad de los entes gubernamentales en la supervisión de licencias. Varias organizaciones de derechos de la infancia han solicitado al gobierno federal la creación de un registro obligatorio de instalaciones deportivas que alojen a menores, con inspecciones periódicas obligatorias.
Implicaciones legales y próximos pasos
La apelación será presentada ante la Corte de Justicia del Estado de Río de Janeiro, donde el Ministerio Público deberá demostrar que la evidencia cumple con el "grado de certeza requerido por el Derecho Penal". Si la Corte confirma la absolución, será necesario que los familiares recuren a la instancia superior o que busquen reparación mediante vías civiles, como ya hicieron en 2023 al alcanzar acuerdos económicos con el club.
Para el Flamengo, el episodio representa una herida institucional profunda. El club ha anunciado la implementación de nuevos protocolos de seguridad, la contratación de una empresa especializada en sistemas contra incendios y la revisión de todas sus instalaciones de entrenamiento. Además, ha creado una comisión de seguimiento con representantes de ex‑jugadores y de las familias para supervisar el cumplimiento de las medidas.
Lecciones y futuro de la seguridad en el deporte juvenil
El incendio del Ninho do Urubu se consolida como uno de los episodios más dolorosos en la historia del fútbol brasileño. Más allá de la responsabilidad penal, la tragedia subraya la necesidad de marcos regulatorios claros y de una cultura de prevención que involucre a clubes, autoridades y familias. Expertos en gestión de riesgos, como la ingeniera de seguridad industrial María Fernanda Silva, recomiendan la instalación de detectores de humo conectados a sistemas de alarma centralizados y la obligatoriedad de auditorías trimestrales en cualquier estructura que albergue a menores.
En términos de política pública, el caso podría impulsar la revisión de la Ley de Protección Integral de la Infancia (Lei 8.069/90) para incluir sanciones específicas por negligencia en instalaciones deportivas. Mientras tanto, el recuerdo de los diez jóvenes sigue siendo una llamada de atención para todo el sector del deporte en Brasil.
- Fecha del veredicto: 21 oct 2025.
- Acusados: 7 (2 directivos de Flamengo, 2 representantes de empresas, monitor, ex‑presidente excluido).
- Víctimas: 10 adolescentes fallecidos, 3 gravemente heridos.
- Motivo del incendio: corto circuito en unidad de aire acondicionado.
- Próxima apelación: dentro de 10 días hábiles ante la Corte de Justicia de Río.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa la absolución para las familias de las víctimas?
La decisión judicial elimina la responsabilidad penal de los acusados, pero no impide que las familias busquen indemnizaciones civiles. Ya habían alcanzado acuerdos económicos en 2023, y pueden seguir persiguiendo daños morales o impulsar reformas en otras áreas.
¿Cuál es el próximo paso del Ministerio Público?
El Ministerio Público interpondrá una apelación ante la Corte de Justicia del Estado, argumentando que la evidencia del incendio es suficiente para una condena por homicidio culposo y que la interpretación del juez fue demasiado restrictiva.
¿Qué medidas ha tomado el Flamengo tras el incendio?
El club cerró temporalmente el Ninho do Urubu, instaló sistemas de detección de humo de última generación, contrató auditorías de seguridad trimestrales y creó una comisión de seguimiento con representantes de familias y ex‑jugadores.
¿Cómo afecta este caso a la legislación sobre instalaciones deportivas?
El caso podría impulsar una reforma de la Ley de Protección Integral de la Infancia para incluir sanciones específicas por negligencia en infraestructuras deportivas, obligando a licencias obligatorias y auditorías de seguridad regulares.
¿Hay precedentes de casos similares en Brasil?
Sí, el incendio de la escuela municipal de Río en 2016 y el derrumbe de la cubierta del club de fútbol Santos en 2018 son ejemplos donde la falta de inspecciones provocó tragedias y luego generó cambios regulatorios.
