El pasado 26 de febrero se celebró el cuadragésimo aniversario de la retirada española del Sáhara Occidental, momento en el cual el Frente Polisario proclamó unilateralmente la independencia del Sahara Occidental, constituyéndose como República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Sin embargo, dicha independencia “de facto” no se ha materializado en el marco jurídico: el Sahara Occidental quedó en manos de Marruecos y Mauritania a tenor de los Acuerdos de Madrid, no reconocidos en Derecho Internacional.
La situación actual, por tanto, es muy compleja. Por su parte Marruecos “ocupa” la mayor parte del territorio saharaui, aunque la Comunidad Internacional no reconoce la soberanía marroquí sobre el terreno. Mauritania, parte también de los Acuerdos, mantiene una postura más conciliadora, y solo ocupa una ciudad, La Güera, y las zonas colindantes a la misma. Pero, sin duda, la posición más complicada la ostenta España.
Atendiendo al informe[1] solicitado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al asesor jurídico de la organización internacional, España sigue siendo, a efectos jurídicos, el administrador de este territorio no autónomo. Sin embargo, la presencia de las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, en territorio marroquí, y las continuas disputas por las aguas territoriales canarias, se suman al complicado estatus saharaui que evidencian la tensión de las aparentemente buenas relaciones diplomáticas entre España y el Reino de Marruecos.
La suspensión de todo contacto entre Marruecos y la Unión Europea motivada por el Sahara Occidental y las reivindicaciones que en el pasado hizo el Frente Polisario al Tribunal Europeo de Justicia demandando el acuerdo comercial entre Marruecos y la UE demuestran que, aun hoy, en su cuarenta aniversario, la RASD sigue siendo una zona contenciosa y sin un estatus definido. No obstante, el fallo dictado por la Corte puede considerarse un reconocimiento encubierto pues, aunque ni la UE ni ningún país miembro reconoce la independencia de la República Saharaui, estos se muestran también escépticos en asumir la soberanía marroquí sobre el terreno. En el marco de otras organizaciones internacionales, como la OTAN, España sigue siendo el responsable, por ejemplo, de la defensa del espacio aéreo de la RASD.
En definitiva, parece evidente que la responsabilidad última sobre la definición de estatus saharaui depende, en virtud de lo dispuesto por la Comunidad Internacional, de España. Sin embargo, no parece que el gobierno español tenga sobre la mesa esta cuestión, pues supondría una ruptura de relaciones diplomáticas con Marruecos, esenciales para la seguridad de Ceuta y Melilla. Pero, la Unión Europea ha dado un primer paso en el reconocimiento de la autodeterminación saharaui con el fallo del Tribunal. En este cuarenta aniversario el debate sobre la RASD está más candente que nunca.
Nowadays, the situation is complex. Morocco controls the majority of the Sahrawi territory, although the International Community does not recognise Morocco’s sovereignty in the region. Mauritania has a conciliatory attitude and it only occupies one city, La Güera, and its surroundings. On the other hand, Spain holds the most complicated position.
According to the applied report by the United Nations’ Security Council, Spain is already the legal administrator of Western Sahara, which is a non-autonomous territory. This affects the relations between Spain and Morocco, which are not the best because of the presence of Ceuta and Melilla in Africa and the territorial waters disputes in the Canary Islands.
Morocco is banned inside the European Union due to the Sahrawi conflict and the Polisario Front’s complaint, which was sent to the European Court of Justice. That complaint denounced the trade agreement between Morocco and the EU. Thus, that region has still got an undetermined status. However, the Court’s ruling in favor of the Polisario Front hides an international recognition as, even if no European member has recognized the Sahrawi Republic’s independence, they still show their skepticism about the Morocco’s sovereignty in Western Sahara. In the frame of other international organizations such as NATO, Spain is still the responsible of the Western Sahrawi’s airspace defense.
All in all, regarding the attitude of the International Community, it seems obvious that the responsibility to define the status of the Sahrawis depends on Spain. However, the Spanish government is not dealing with that question currently. It would mean the breakdown of diplomatic relations between Spain and Morocco, which are crucial to the security of Ceuta and Melilla. Nevertheless, the ruling of the Court has allowed a greater approach between the EU and the SADR. Forty years later, the issue is still on the table and to be resolved.
Patricia Jurado de la Santa
[1] Documento S/2002/161
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