Las políticas antimusulmanas implementadas por el gobierno de Myanmar ha provocado que, a lo largo de la pasada semana, el responsable del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados denunciase una posible “limpieza étnica” producida contra los rohingya en el país.
Los rohingya, una minoría musulmana asentada en los estados birmanos limítrofes con Bangladesh, llevan siendo perseguidos por fuerzas policiales desde 1978. A pesar de que durante unos años las persecuciones quedaron paralizadas, el asentamiento de células terroristas perteneciente al Estado Islámico en el continente asiático provocó que un grupo extremista budista (Movimiento Budista 969) relanzase la campaña de represión contra los asentamientos de esta comunidad musulmana.
Aunque desde 2012 los ataques han sido frecuentes, y se considera este un conflicto armado con numerosos desplazados, los acontecimientos de las últimas semanas han causado un auge de la violencia en la zona, seguido de un incremento de los ataques bilaterales, lanzados por los líderes de la minoría y por el Ejército.
A principios de octubre, un grupo insurgente rohingya atacó instalaciones policiales del país. Esto se produjo como protesta por la disminución de los derechos sociales y civiles que el gobierno había emprendido en los últimos años. Aunque los rohingya nunca han sido considerados ciudadanos de pleno derecho y, por tanto, han tenido dificultades para acceder a los servicios sanitarios o educativos del país, la violencia había quedado reprimida durante años.
Sin embargo, tal situación no supone un riesgo únicamente para Birmania, sino que el contexto de seguridad de la zona se está viendo afectado.
El gobierno de Bangladesh ha solicitado ayuda internacional para salvaguardar sus fronteras y mantener la estabilidad en los campos de refugiados en los que los desplazados se han ido asentando en los últimos años. Pero, los campos han quedado masificados. Además, la población de este país receptor ha comenzado a movilizarse contra esta llegada masiva, por lo que el gobierno se ha visto obligado a aplicar medidas de contención. Sin embargo, la Red para los Derechos de los Refugiados en Asia Pacífico (APRRN) ha pedido a Bangladesh que permita el paso a los rohingya que huyen de la violencia después de que las autoridades de este país rechazaran un barco con refugiados y lo devolvieran a Birmania.
Por su parte, China también se está viendo afectada. Los últimos conflictos han tenido lugar cerca de la frontera de Myanmar con este país. Ante esto, y dado el aumento de la acción del ejército birmano, China ha rearmado esta zona. Otros países de la zona, como Tailandia, han mostrado su preocupación ante el despliegue militar chino en sus fronteras del sur.
Por todo esto, líderes de movimientos políticos de los países de la región han alertado de la peligrosidad rohingya y han aprovechado esta situación para relacionarlos también con el Estado Islámico, alarmando a la población de la peligrosidad de presencia musulmana en territorios budistas.
Lo que comenzó siendo un conflicto interno motivado por discriminación étnica, está provocando un alto grado de alarma entre los estados de la zona que, en pro de sus intereses particulares, están haciendo del genocidio rohingya la excusa para posicionarse y desplegar sus medios en la zona.
The anti-Muslim policies that have been implemented by the government of Myanmar have caused that, over the past week, the head of the United Nations High Commissioner for Refugees denounced a possible «ethnic cleansing» against the Rohingya in the country.
The Rohingya, a Muslim minority based in in the border of Bangladesh, have been persecuted by police forces since 1978. Despite persecution was paralyzed for a years, the Islamic State´s cell settlement in Asia have caused that a Buddhist extremist group (Buddhist Movement 969) relaunched the campaign of repression against the settlements of this Muslim community.
Although the attacks have been frequent since 2012, and this is considered an armed conflict with numerous displaced persons, the events of recent weeks have caused a rise in violence in the area, followed of an increase in bilateral attacks, that were launched by the leaders of the minority and by the Army.
In early October, a Rohingya insurgent group attacked the country’s police facilities. This was in protest of the decline in social and civil rights that the government had undertaken in recent years. Although the Rohingya have never been considered full citizens and therefore have had difficulty accessing the country’s health or education services, violence has been repressed for years.
However, such a situation poses no risk to Burma alone, but the security context of the area is being affected.
The Bangladesh government has called for international assistance to safeguard its borders and maintain stability in refugee camps where displaced people have settled in recent years. But, the fields have been overcrowded. In addition, the population of this receiving country has begun to mobilize against this massive arrival, reason why the government has been forced to apply measures of containment. However, the Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) has called on Bangladesh to allow the Rohingya to flee the violence after the country’s authorities rejected a ship with refugees and returned it to Myanmar.
For its part, China is also being affected. The last conflicts have taken place near the border of Myanmar with this country. Given this, and given the increase of the action of the Burmese army, China has reassembled this zone. Other countries in the area, such as Thailand, have expressed concern about Chinese military deployment on their southern borders.
For all this, leaders of political movements in the countries of the region have warned of the rohingya danger and have taken advantage of this situation to link them also with the Islamic State, alarming the population of the danger of Muslim presence in Buddhist territories.
What began as an internal conflict motivated by ethnic discrimination, is causing a high degree of alarm among the states of the area that, for their particular interests, are making the Rohingya genocide the excuse to position and deploy their means in the area.
PATRICIA JURADO DE LA SANTA
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