La acción de las fuerzas de seguridad nigerianas se ha visto a menudo inmersa en violaciones de los derechos humanos, algo que ha venido alimentando el odio hacia el aparato estatal. Las Fuerzas de Seguridad han incurrido en el uso excesivo de la fuerza, abuso físico, detenciones secretas, extorsión, quema de casas, robo de dinero durante las incursiones y ejecuciones extrajudiciales de sospechosos. En este sentido, la huida de la población no se produce solamente para escapar de los ataques de Boko Haram, sino también para escapar de la respuesta militar del Estado, en ocasiones brutal.
Un informe publicado en 2015 por Amnistía Internacional afirma que durante las operaciones militares contra Boko Haram, el ejército habría ejecutado extrajudicialmente a más de 1.200 personas y detenido de forma arbitraria al menos a 20.000. Además, 7.000 personas morirían bajo custodia policial como consecuencia del hambre, el hacinamiento extremo y la negación de asistencia médica.
La violencia ejercida por la organización islamista Boko Haram comienza una escalada imparable a partir de finales de julio de 2009, cuando su líder, el clérigo radical Mohammed Yusuf, es ejecutado extrajudicialmente estando bajo custodia policial. A partir de ese momento (2009), las autoridades nigerianas comienzan una campaña de redadas sobre personas sospechosas de simpatizar con Yusuf. Muchos de los detenidos, declarados como desaparecidos, fueron también asesinados extrajudicialmente.
La represión mortal del ejército y de la policía no hace más que aumentar las tensiones, no sólo en el noreste del país, sino también en el sur, con la represión que se ejerce contra los miembros del Pueblo Indígena de Biafra (IPOB) pertenecientes a la minoría Igbo y partidarios de la autodeterminación, sometidos a ejecuciones sumarias por parte del ejército nigeriano. Desde el verano de 2015 hasta hoy se le atribuye al ejército la ejecución de al menos 150 activistas por la secesión del Estado de Biafra. Las últimas víctimas constatadas se produjeron en enero, cuando enfrentamientos entre manifestantes de la minoría Igbo y la policía terminaron con un saldo de al menos 11 muertes y 200 desaparecidos.
Entre el 12 y el 14 de diciembre de 2015 las fuerzas armadas nigerianas perpetraron el asesinato en masa de 348 miembros de la minoría chií en el Estado de Kaduna y quemaron sus cuerpos en fosas comunes, hechos que fueron denunciados por la ONG Amnistía Internacional. Asimismo, las fuerzas de seguridad de Nigeria han drogado y violado a mujeres y niñas desplazadas por la violencia de Boko Haram, según entrevistas realizadas por la ONG Human Rights Watch (HRW) en marzo de 2016, que llegó a registrar hasta 43 casos en un campo situado en Maiduguri (Estado de Borno). Ningún militar ha sido juzgado hasta el momento por los hechos que aquí se recogen.
Según declaraciones del propio ejército de Nigeria, las acusaciones contenidas en los informes de Amnistía suponen «invenciones destinadas a empañar imagen del ejército de Nigeria» y añaden que la organización pro derechos humanos “anima las actividades de actores no estatales que se levanten en armas contra el Estado”
Disponemos de numerosos ejemplos de cómo en Nigeria el abuso y la represión están institucionalizados, imperando la impunidad, la arbitrariedad y la inseguridad jurídica en un sistema carente de garantías que adecuen el uso de la fuerza al derecho.
En el terreno militar, las operaciones efectuadas por las Fuerzas Armadas nigerianas tienen un importante coste social y económico sobre las vidas civiles, generando desplazamientos humanos (En Nigeria hay hasta 2,5 millones de desplazados, la mayoría mujeres y niños). Las personas desplazadas por la acción del ejército son fácilmente reclutables por Boko Haram. Además, las campañas militaras tienen un fuerte impacto en el comercio, dadas las dificultades que le impone. El pasado día 14 de enero el ejército bombardeó “por un error operacional”, según una fuente del gobierno nigeriano, un campo de refugiados, provocando la muerte de más de 70 personas entre desplazados y trabajadores humanitarios.
En cualquier caso, las campañas del ejército provocan un fuerte resentimiento de la sociedad hacia las autoridades. Además, una estrategia meramente militar no tendrá efectividad frente a las consecuencias económicas y sociales de la violencia. Las autoridades deben avanzar en la coordinación entre las instituciones estatales civil y militar.
La acción de las milicias armadas está fuera del control de la administración y del limitado aparato de seguridad nigeriano. Se ha evidenciado la incapacidad de ejército nigeriano, un ejército mal organizado, mal pagado y percibido como peligroso por la población, a la que no respeta.
Por otra parte, se hace necesaria la aplicación de una justicia reparadora, cuyas sentencias sean acordes y proporcionadas a los niveles ocupados en la organización, evitando las detenciones preventivas prolongadas. Esto contribuirá al alivio de las prisiones y de las cargas del aparato judicial. Asimismo, la asistencia humanitaria debe contener enfoque de género, que elimine los estereotipos y fortalezca la presencia de las mujeres en los procesos de paz y en los escenarios posteriores al conflicto. En el mismo sentido, debe aumentar la participación de las mujeres en las Fuerzas de Seguridad.
The actions of the Nigerian security forces have often been plagued by human rights violations, which has fueled hatred towards the state apparatus. Security forces have engaged in excessive use of force, physical abuse, secret detention, extortion, burning houses, theft of money during raids and extrajudicial executions of suspects. In this sense, the escape of the population is not only to get away the attacks of Boko Haram, but also to run away the military response of the state, sometimes brutal.
A report published in 2015 by Amnesty International affirms that during military operations against Boko Haram, the army extrajudicially executed more than 1,200 people and arbitrarily detained to less than 20,000. In addition, 7,000 would die in police custody as a result of hunger, extreme overcrowding and denial of medical care.
Violence by the Islamist organization Boko Haram begins an unstoppable escalation from late July 2009, when its leader, the radical cleric Mohammed Yusuf, is extrajudicially executed while in police custody. From that moment (2009), the Nigerian authorities begin a campaign of raids on people suspected of sympathizing with Yusuf. Many of the detainees, declared missing, were also extrajudicially murdered.
The deadly repression of the army and the police only increases tensions, not only in the Northeast of the country, but also in the South, with the repression of the members of the Indigenous People of Biafra (IPOB) belonging to the Minority Igbo and supporters of self-determination, subjected to summary executions by the Nigerian army. From the summer of 2015 until today the army is attributed the execution of at least 150 activists for the secession of the State of Biafra. The latest casualties occurred in January, when clashes between Igbo minority demonstrators and police ended with at least 11 deaths and 200 missing.
Between 12 and 14 December 2015, the Nigerian armed forces perpetrated the mass murder of 348 members of the Shiite minority in Kaduna State and burned their bodies in mass graves, which were reported by the NGO Amnesty International. Nigerian security forces have also drugged and raped women and girls displaced by Boko Haram violence, according to interviews conducted by Human Rights Watch (HRW) in March 2016, which recorded up to 43 cases. No military has been tried so far by the facts that are collected here.
According to statements by the Nigerian Army, the accusations contained in Amnisty International reports include «inventions intended to tarnish the image of the Nigerian Army» and add that the human rights organization «encourages the activities of non-state actors who stand up against the state»
We have numerous examples of how abuse and repression in Nigeria are institutionalized, with impunity, arbitrariness and legal insecurity reigning in a system that lacks guarantees that adjust the use of force to the right.
In military terms, operations carried out by the Nigerian Armed Forces have a significant social and economic cost over civilian lives, resulting in human displacement ( they are up to 2.5 million displaced persons, mostly women and children). People displaced by army action are easily recruited by Boko Haram. In addition, military campaigns have a strong impact on trade, given the difficulties it imposes. Last January, the army bombed «by an operational error,» according to a government source, a refugee camp, killing more than 70 people displaced.
In any case, the campaigns of the army provoke a strong resentment of the society towards the authorities. In addition, a purely military strategy will not be effective against the economic and social consequences of violence. The authorities must advance in coordination between state civil and military institutions.
The action of the armed militias it is out of the control of the administration and the limited Nigerian security apparatus. The inability of the Nigerian army, a poorly organized army, poorly paid and perceived as dangerous by the population, to which it does not respect.
On the other hand, it is necessary to apply a restorative justice, whose sentences are consistent and proportionate to the levels occupied in the organization, avoiding prolonged preventive detention. This will contribute to the relief of prisons and judicial burdens. Humanitarian assistance must also include a gender approach that eliminates stereotypes and strengthens the presence of women in peace processes and post-conflict settings. In the same sense, the participation of women in the Security Forces must increase.
Antonio Sáenz Peco
https://www.hrw.org/news/2016/10/31/nigeria-officials-abusing-displaced-women-girls
https://www.nytimes.com/2015/06/04/world/africa/abuses-nigeria-military-boko-haram-war-report.html?_r=0
http://www.bbc.com/news/world-africa-28651767
https://www.amnesty.org/en/countries/africa/nigeria/report-nigeria/
http://allafrica.com/view/group/main/main/id/00042489.html